En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una compañía especializada en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las riendas de la administración de la firma valenciana después de que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se originó en el mes de marzo de 2022 con una querella en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente vinculada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva querella en Valencia por una variedad de delitos incluyendo administración desleal y estafa.

Esta segunda querella, que asimismo supone a José Luis Villafranca, actual miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se apoya en acusaciones de emplear la composición de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda señala de qué manera, a pesar de la disfunción del leer más Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados prosiguieron tomando decisiones importantes, bloqueando efectivamente a JZI de formar parte en la administración de la empresa. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos han sido de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.

Este enfrentamiento no solo se prolonga por 2 jurisdicciones, con litigios tanto en USA como en España, sino que también revela una trama complicada de discusiones legales que incluye acusaciones contra los socios creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en Madrid de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por falta de indicios de delito añade otra capa a este entramado legal.

Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del mundo corporativo, sino asimismo las dificultades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los retos que combaten los inversores para resguardar sus intereses y la importancia de una administración transparente y ética en las compañías..